La investigación sobre el desfalco en la Dirección de Pensiones ha desencadenado un proceso legal que involucra a funcionarios de diversas administraciones estatales, incluyendo la actual. Cuatro carpetas de investigación señalan a Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, Oziel Yudiche Lara y Jorge Escudero Villa, este último vinculado a la presente administración, según confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Aunque no se mencionaron por nombre los exdirectores, se detalló que las pesquisas abarcan los periodos en los cuales ocuparon el cargo, coincidiendo con los sexenios de Juan Manuel Carreras López, Fernando Toranzo Fernández y Marcelo de los Santos Fraga.
En ese sentido, la destitución del exdirector Jorge Escudero el año pasado se fundamentó en acciones de omisión, ya que los responsables del fraude continuaban operando bajo su gestión. Este problema persistente involucraba a tesoreros y personal arraigado durante décadas.
El desafío ahora es desentrañar la complejidad de un problema que ha perdurado a lo largo de múltiples administraciones estatales.
Recientemente, se ha anunciado un fallo del Tribunal Estatal Electoral que permite a los aspirantes a la reelección en cargos políticos mantenerse en funciones mientras realizan campañas, sin la necesidad de renunciar. Esta medida busca que los ciudadanos evalúen el desempeño del actual titular como base para su voto.
Desde la perspectiva electoral, abandonar el cargo podría generar complicaciones en la continuidad de la gestión, planteando la cuestión de si el cambio podría traer consigo problemas adicionales. Sin embargo, esta decisión no viene sin condiciones.
Aquellos que opten por permanecer en sus puestos deberán cumplir con un conjunto específico de reglas. Estas abarcan desde los momentos permitidos para realizar campañas hasta el uso de recursos y su comportamiento en el ámbito público. El desafío radica en la complejidad de monitorear el cumplimiento de estas reglas, ya que se requeriría una infraestructura significativa.
La diferencia de enfoque entre los que buscan reeeleegirse y otros aspirantes agrega un nivel adicional de complejidad al proceso. Este equilibrio entre permitir la reelección sin comprometer la integridad del proceso electoral y garantizar un gobierno eficaz es esencial para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
En San Luis Potosí, la crisis hídrica no solo se manifiesta en la escasez de agua, sino también en crecientes conflictos sociales que evidencian una problemática profunda y urgente. El reciente asesinato de un operador de pipa, a manos de ciudadanos frustrados por la falta de suministro, destaca la magnitud del problema.
Los factores que complican el abasto y suministro hídrico son diversos, y la ausencia de medidas preventivas agrava la situación. La falta de agua en los hogares obliga a los ciudadanos a recurrir a la compra de garrafones, ya que el agua de pozo contiene metales pesados y minerales perjudiciales. El Consejo Hídrico Estatal advierte que incluso hervirla no es suficiente, ya que esto puede concentrar aún más estas sustancias nocivas.
En este contexto, la comunidad enfrenta una encrucijada: la necesidad imperiosa de agua segura choca con la realidad de un suministro precario. Es vital que las autoridades aborden de manera inmediata no solo la escasez, sino también la calidad del agua, implementando medidas efectivas y educando a la población sobre prácticas seguras.
La sociedad potosina merece un acceso confiable y saludable al agua, y es responsabilidad conjunta encontrar soluciones sostenibles. Ignorar este problema solo perpetuará la crisis y expondrá a la población a mayores riesgos. La gestión del agua debe convertirse en una prioridad urgente para salvaguardar no solo nuestro abastecimiento, sino también la armonía social.
La reciente afirmación del director general del centro SCT en el estado, David Pablo Sánchez Solís, sobre la continuidad sin cambios sustanciales en la obra de modernización de la carretera federal Valles-Tamazunchale, brinda un cierto alivio a la comunidad. La promesa de ajustes enfocados en aspectos técnicos, tales como pasos a desnivel y alumbrado, muestra una voluntad de adaptarse sin alterar el trazo fundamental del proyecto.
La intervención del subsecretario de gobierno, Jorge Vega Arroyo, en la mediación del conflicto, refuerza el compromiso de garantizar que los ciudadanos no se vean afectados. Las mesas de trabajo satisfactorias y los recorridos físicos planificados demuestran un esfuerzo por comprender las preocupaciones de la comunidad. Aunque se anticipa la realización de ajustes, la seguridad y rehabilitación de accesos principales en el ejido, como la calle Veracruz y Linares, reflejan una consideración hacia las necesidades locales.
La promesa de no aumentar el costo de la obra y la disposición a realizar adecuaciones necesarias sugieren un enfoque pragmático. Sin embargo, la atención meticulosa a los detalles y una gestión cuidadosa de las expectativas serán cruciales para mantener la confianza de la comunidad en el desarrollo de este proyecto de infraestructura vital.
En un rotundo rechazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a otorgar un indulto a Mario Aburto, confeso asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.
Frente a la solicitud del hijo del priista, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey y aspirante al Senado en 2024, el mandatario destacó la imposibilidad de tal acción, subrayando la importancia de mantener abierta la investigación sobre este crítico episodio de la historia mexicana.
López Obrador enfatizó que el asesinato de un candidato presidencial es un asunto de Estado, descartando la idea de cerrar el caso, especialmente tras la reciente confirmación de la Fiscalía General de la República sobre la presencia de un segundo tirador en el fatal suceso de Lomas Taurinas en Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
