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Buscan fortalecer el trabajo coordinado e interinstitucional para la atención a las personas migrantes

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En comisiones se analiza una iniciativa de reforma para incluir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas dentro del Consejo Estatal de Migración.

 

Para que exista un trabajo coordinado e interinstitucional para la atención a las personas migrantes, que sean víctimas del delito, la Comisión de Justicia analiza una iniciativa para incluir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas dentro del Consejo Estatal de Migración.

 

La iniciativa propone adicionar la fracción XIV, el artículo 30 de la “Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí”, y con ello buscar que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas realice tareas fundamentales para atender a este sector vulnerable dentro del Consejo Estatal de Migración.

 

Se indica en la exposición de motivos de la iniciativa, que las personas migrantes en San Luis Potosí son víctimas de delitos de manera frecuente, por lo cual es  importante que las autoridades mexicanas tomen medidas para protegerlos de la violencia y la discriminación, y de delitos como robo, tráfico ilícito de migrantes, la violación, el homicidio y la corrupción de menores.

 

Estos datos se basan en las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), aunque la cifra real de delitos contra personas migrantes es mucho mayor, ya que muchas víctimas no denuncian los delitos por miedo a represalias.

 

Por ello, es importante que las autoridades mexicanas tomen medidas para proteger a las personas migrantes de la violencia y la discriminación; en San Luis Potosí ha habido un esfuerzo, por décadas, de establecer políticas públicas de apoyo a las personas migrantes, por lo cual es importante fortalecer mediante esta vinculación entre instituciones.

 

Finalmente, se indica que la protección a las personas migrantes en el derecho internacional público porque es un derecho humano fundamental, y un requisito para la cooperación internacional, que se han establecido en diversos instrumentos internacionales, y que los diferentes gobiernos tienen la obligación de aplicarlos y normas para proteger a las personas migrantes ante los delitos.

 

La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia.

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